Manifiesto de la Plataforma en defensa de los derechos de las personas con discapacidad de la Región de Murcia

La Plataforma en defensa de los derechos de las personas con discapacidad de la Región de Murcia ha sido creada con la finalidad de defender, de forma real y efectiva, los derechos de protección social de los Discapacitados, uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad.

Esta Plataforma ha sido creada en reunión constitutiva, celebrada en Murcia, el día veintisiete de abril de dos mil trece, y en ella tienen cabida todas aquellas personas interesadas en desarrollar un trabajo en beneficio de los colectivos que defiende.

La razón fundamental que ha guiado la creación de esta Plataforma es constituir una herramienta eficaz que ayude a las personas con discapacidad, no sólo en su calidad de vida material, reivindicando y defendiendo sus derechos, sino en su propia condición de ciudadanas y ciudadanos dignos y libres, miembros de una sociedad justa y equilibrada que propugna el diálogo social.

Las condiciones físicas, sensoriales, mentales o intelectuales que definen la discapacidad dificultan o impiden la participación plena de estas personas en la sociedad en igualdad de condiciones. Por ello, las administraciones han regulado distintas políticas de promoción en igualdad de oportunidades. Ha sido un proceso lento y lleno de dificultades, que ha conducido a un gran avance en la integración social de las personas con discapacidad en las últimas décadas. En cambio, en los últimos años se ha producido el efecto contrario: las restricciones económicas se han traducido en retrocesos en la integración, la protección social y la igualdad de oportunidades.

Desde esta Plataforma estamos decididos a poner freno a la desigualdad y el abandono. Compartimos plenamente los motivos de alarma de las personas con discapacidad, sean o no dependientes, y de sus familias, ante los graves problemas que se están produciendo por la falta de apoyos en materia de protección social.

El reconocimiento de las personas dependientes, de sus familiares y cuidadores, materializado en la Ley 39/2006 sobre personas en situación de dependencia¹ se ha visto especialmente afectado por los recortes, con la reducción de las prestaciones, la nueva regulación sobre valoraciones y el alargamiento o congelación de las nuevas solicitudes. A esto se suma el efecto de los nuevos copagos sanitarios y recortes en ayudas para prótesis, sillas de ruedas, férulas, andadores, bastones, etc., que en muchos casos afectan a este mismo colectivo.

El proceso de capacitación de profesionales y de reconocimiento de las capacidades adquiridas por los cuidadores en el ámbito familiar, así como la cotización a la Seguridad Social de estos cuidadores, creaban un potencial laboral que ha sido cercenado por los recortes en dependencia del año 2012, abortando una posibilidad real de progreso y sostenimiento económico para miles de personas, con especial incidencia en el colectivo de mujeres.

Por ello, pedimos un compromiso firme de los poderes públicos en la elaboración y aprobación de las normas necesarias para la defensa de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias. Somos un grupo de personas dispuestas a luchar para que con nuestro trabajo y el apoyo de todos los colectivos podamos conseguir la meta final de la igualdad de oportunidades.

La igualdad de oportunidades laborales no es sólo la oportunidad de integración e independencia económica que aporta el trabajo a las personas con discapacidad, sino la posibilidad de cada uno de nosotros de hacer su aportación al progreso de la sociedad. Pedimos que las administraciones públicas y las empresas privadas cumplan con las normas y políticas de integración laboral, y que, en nombre de la austeridad o la reducción de costes, no se reduzcan estas políticas.

En materia de accesibilidad, luchamos por la consecución de una accesibilidad universal en todos los ámbitos de la vida, modificando las actuales estructuras en pro de la igualdad. La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006, la Estrategia Europea de la Discapacidad 2010-2020 o el Pacto por la Igualdad de Género para el periodo 2011-2020 de la Unión Europea recogen la protección y el amparo de los derechos de estos colectivos, cuyo cumplimiento y desarrollo corresponde a los poderes públicos, para que los fines de autonomía e integración en la sociedad sean una realidad.

Especial mención debemos hacer sobre las mujeres con discapacidad, ya que ellas se encuentran en una posición de doble desigualdad en la sociedad; por su condición de mujer, por un lado, y de persona con discapacidad, por otra parte. Las claves para empezar a transformar la situación actual y permitir la participación social de las mujeres en un plano de igualdad pasan por adquirir un compromiso real y efectivo que corrija dichas desigualdades. Perseguimos que las cuestiones de género se incluyan en el diseño del entorno construido, en el transporte, en la enseñanza, en el empleo, en el acceso a la información, la comunicación bienes y servicios.

Por todo ello solicitamos:

• Un compromiso claro y firme de los poderes públicos para seguir fomentando la igualdad de las personas con discapacidad, realizando y promoviendo acciones encaminadas a mejorar su situación en todos los ámbitos.
• Que las administraciones, empresas y las organizaciones en general promuevan la inserción laboral de los discapacitados.
• Hacer partícipes a todos los sectores interesados, especialmente a las personas y colectivos relacionados con la discapacidad, la dependencia y la accesibilidad, en la toma de decisiones que afecten a estas personas, escuchando sus sugerencias y apoyando la participación de la sociedad.
• Garantizar la autonomía personal de las personas con discapacidad y prestar apoyo a sus familiares y cuidadores.
• El desbloqueo de la Ley de Dependencia, que ésta se desarrolle en todos sus campos, y la atención suficiente a las personas con grandes dependencias.
• Facilitar la participación de todos los ciudadanos discapacitados en la vida política, económica, cultural y social.
• Analizar la violencia contra las mujeres discapacitadas, tomando en consideración la prevención y la atención y recuperación de las víctimas, con las medidas legislativas necesarias.
• Los recursos públicos básicos son el principal medio para la integración social y la disminución de las desigualdades entre las personas discapacitadas asegurando su proceso de inclusión en la comunidad y un nivel de vida, digno y autónomo. Pedimos por ello que los recortes no se utilicen para hacer más precarias las condiciones de vida de discapacitados y dependientes.

Murcia, 27 de abril de 2013

1 Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. BOE número 299, del año 2006.