Plataforma en Defensa de las Personas con Discapacidad de la Región de Murcia
LA PLATAFORMA EN DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE LA REGION DE MURCIA OS CONVOCA EL DIA 4 DE JULIO A LAS 10 DE LA MAÑANA A UNA CONCENTRACION EN LA PUERTA DE LA ASAMBLEA REGIONAL DE MURCIA EN CONTRA DE ESTE ANTEPROYECTO A LA LEY DE LA DEPENDENCIA
PROPOSICIÓN DE LEY SOBRE LA DEPENDENCIA. LA ESTAFA
La Proposición de Ley sobre Medidas en Materia Tributaria, de Sector Público, de Política Social y otras Medidas Administrativas presentada por el Grupo Parlamentario Popular a instancias del Gobierno Regional supone un nuevo hachazo a los derechos de las personas en situación de dependencia y con ello a las personas con discapacidad en sus diferentes grados.
Esta Proposición de Ley viene a sumar recortes y copagos a los ya aprobados con anterioridad por el Gobierno de Rajoy por el de Valcárcel y de una nueva vuelta de tuerca a los dependientes, modificando aspectos fundamentales como el plazo para resolver los expedientes o la pérdida de garantías jurídicas que ello supone así como el derecho a recurrir por el incumplimiento del plazo; el acceso a las ayudas económicas en el entorno familiar; el copago; el derecho de los dependientes a poder ser atendidos en su entorno familiar; La aplicación del carácter retroactivo de los recortes denunciada en su día por el entonces Defensor del Pueblo, o, la desaparición del carácter público de los servicios al considerar como deuda la parte que no puedan pagar los dependientes.
Va a afectar, de una u otra manera, tanto a los dependientes que están recibiendo prestaciones, como a los que no las reciben. A los que acaban de solicitar las ayudas a la dependencia, como a los que llevan años esperando que se les conceda. A los que están en plazas de Residencia o Centro de Día, como a los que tienen concedida o solicitada la prestación económica en el entorno familiar. En definitiva, a los miles de ciudadanos que reciben prestaciones o que a pesar de tener reconocido el derecho a ellas, se las están negando.
El Partido Popular se ha estado negando a aceptar las propuestas que de manera reiterada ha planteado la oposición para garantizar nuevos ingresos procedentes de las rentas más altas, que hubiesen servido para financiar cuestiones sociales de primer orden como la Ley de Dependencia. El Impuesto de patrimonio, el de sucesiones, el tramo autonómico de IRPF, o los impuestos a grandes superficies comerciales y entidades bancarias suponían una vía fundamental de ingresos que el Partido Popular se ha estado negando a aplicar y que ahora aunque tarde vienen a darles la razón (a la oposición), lo que no le exime de su responsabilidad por haber perdido durante años unos recursos económicos que podían haber servido para evitar recortes
De nuevo el Partido Popular utiliza a nuestra Comunidad Autónoma y a las miles de personas dependientes que aquí viven, en laboratorio de aplicación de sus recortes en materia de dependencia tal y como pasó el año pasado con la Ley Regional de Recortes de 29 de junio y posteriormente con el Real Decreto Rajoy de 13 de julio.
LA ELIMINACIÓN DEL PLAZO DE SEIS MESES PARA RESOLVER LOS EXPEDIENTES:
Porque con esta Proposición de Ley se elimina el plazo de seis meses, establecido en la ley estatal, para resolver los expedientes de dependencia. Se pretende así dar cobertura legal al permanente incumplimiento del Gobierno Regional que está retrasando el acceso a las prestaciones por dependencia a miles de personas, sin que ello tenga consecuencia económica alguna para la Comunidad Autónoma. Una ley regional no puede suprimir los derechos de los ciudadanos recogidas en leyes estatales.
Antes, si la administración incumplía el plazo de seis meses para resolver, el derecho a la a ayuda económica se tenía desde el día siguiente de cumplirse ese plazo. Ahora, solo lo tendrán a partir de la resolución, sin fecha fijada para ello, sin posibilidad de reclamar el retraso y sin cobrar atrasos.
Se establece la posibilidad de la suspensión “preventiva”, por seis meses del derecho a la prestación reconocida, antes de que se acrediten “fehacientemente” los hechos que den lugar a la extinción del derecho.
LA DEROGACIÓN ENCUBIERTA DE LA AYUDA ECONÓMICA EN EL ENTORNO FAMILIAR.
Se cambia por completo el espíritu de la ayuda económica en el entorno familiar recogido en la Ley de Dependencia cuyo objetivo era garantizar la atención de los dependientes en su entorno. Los nuevos requisitos que se establecen para acceder a las prestaciones económicas en el entorno familiar exceden los acordados en la ley estatal y en el decreto regional 306/2010. El objetivo no es otro que impedir, a miles de personas en situación de dependencia, acceder a la ayuda económica en el entono familiar.
Los cambios que esta Proposición de Ley pretender son los siguientes: El número de horas que se fija para reconocer la dedicación plena de la persona cuidadora pasa de 160 a 672 mensuales, o lo que s lo mismo 22,4 horas al día sin descansar ni un día y para la dedicación mínima de 80 a 350 horas. Se exige convivir en el mismo domicilio que el dependiente y haberlo hecho como mínimo desde un año antes de la solicitud. No se permite que la persona cuidadora pueda estar apoyada por otras personas en sus funciones y no puede trabajar fuera de casa más de cuatro horas al día, ni cobrar prestaciones por desempleo y además, se le exige acreditar “capacidad intelectual suficiente” para desarrollar sus funciones.
Estas medidas plantean la reclusión en el hogar de dependientes y cuidadores olvidando la autonomía personal como objetivo de la Ley de Dependencia.
OBLIGAN A LOS DEPENDIENTES A SALIR DE SU CASA O RENUNCIAR A LA LEY DE DEPENDENCIA
Muchos dependientes tendrán que decidir si, ir a una plaza de Residencia o Centro de Día aunque no quieran, o tengan pareja, o puedan ser atendido en su entorno familiar; o renunciar a la Ley de Dependencia, ya que sólo se concederá la ayuda económica en el entorno familiar en el caso de que no sea posible el acceso a un servicio público o privado o, en su defecto, a una prestación económica vinculada al servicio.
Estos condicionantes de imponen a pesar de que la Comunidad Autónoma no cuenta con los servicios necesarios para ello y son más caros, por lo que lejos de producir un ahorro se incrementará el gasto, salvo que lo que pretenda sea que los dependientes renuncien a las ayudas y prestaciones (también puede pasar que se privaticen y hagan negocio con esto)
Por otro lado la ayuda económica vinculada al servicio resulta inasumible para la mayoría de dependientes, ya que, primero es el dependiente quien tiene que pagarle al cuidador y después, presentar la factura a la administración para que le sea abonada. ¿Se han preguntado al PP y el Gobierno Regional cuánto cuesta atender a un gran dependiente por parte de un cuidador profesional y si las rentas de las personas dependientes tienen capacidad de desembolsar ese dinero y pueden esperar a que se lo devuelva la administración?
MÁS COPAGO
Se reduce el mínimo exento del patrimonio neto a 20.000€ para calcular el copago, cuando ahora el mínimo exento para la dependencia es el que se establece en el Impuesto de Patrimonio y está fijado en 700.000€ y el de vivienda habitual en 300.000€.
El copago del servicio de Ayuda a Domicilio se incrementa considerablemente. Una persona con 700€ de renta pasará a pagar por hora entre 3,62€ y 2,63€ según el número de horas, cuando en 2011 pagaba 0,88€ por hora.
El precio máximo de referencia de dentro de día para menores de 65 años se establece en 1.100€ lo que supone un incremento de 100€ incumpliendo el acuerdo de los tres grupos parlamentarios recogido en una enmienda a los presupuestos de 2013 que lo fijaba en 1000€. Este incremento sólo tiene una explicación, subir el copago, ya que lo que el IMAS paga por plaza a los centros de día no llega a mil euros.
También las ayudas económicas en el entorno familiar volverán a sufrir un nuevo recorte y se incrementará el copago por plaza de residencia como consecuencia todo ello de las modificaciones que esta Proposición de Ley introduce para calcular la capacidad económica de los dependientes
Se incrementa el copago de las personas que perciban una ayuda por minusvalía.
VAN A CONSIDERAR COMO DEUDA LA DIFERENCIA ENTRE LO QUE SE PAGA POR UNA PLAZA DE RESIDENCIA O CENTRO DE DIA Y EL PRECIO DE LA PLAZA Y LA VAN A COBRAR EN “DIFERIDO” (un poco de chiste: “el diferido de la Cospedal”)
Todas las personas que estén ocupando una plaza de residencia o de centro de día y su capacidad económica no sea suficiente para cubrir el coste del servicio, estarán en deuda con la administración, deuda que según esta Proposición de Ley será cobrada (vía ejecutiva si hace falta). Este es el mayor copago en “diferido” que quieren aplicar ya que la deuda pasará a los herederos.
Con esta medida desaparece por completo el carácter de servicio público y va a afectar a la mayoría de personas que ocupan una plaza de residencia o de centro de día cuya capacidad económica está muy por debajo del precio de referencia.
APLICAN LOS RECORTES CON CARÁCTER RETROACTIVO A PESAR DE QUE EL
DEFENSOS DEL PUEBLO ADVIRTIÓ DE FRAUDE DE LEY.
Se amplía de cinco a ocho años el plazo para pagar lo que debe la administración a dependientes o familiares en concepto de prestaciones económicas. Incluido 2013.
Las cuantías de las prestaciones económicas reconocidas con anterioridad a esta Ley serán adaptadas a la misma.
A todas las personas que hubiesen solicitado acogerse a la Ley de Dependencia después del RD de Rajoy de 13 de julio de 2012 y no se les haya reconocido la prestación, se les aplicará esta Ley y tendrá que presentar nueva documentación en el plazo de seis meses para acreditar que cumplen los requisitos. Se suspende por dos años a 30 meses, como mínimo, el derecho reconocido de la prestación económica.
LOLA VALVERDE
