La
Plataforma en defensa de los derechos de las personas con
discapacidad de la Región de Murcia
ha sido creada con la finalidad de defender, de forma real y
efectiva, los derechos de protección social de los Discapacitados,
uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad.
Esta
Plataforma ha sido creada en reunión constitutiva, celebrada en
Murcia, el día veintisiete de abril de dos mil trece, y en ella
tienen cabida todas aquellas personas interesadas en desarrollar un
trabajo en beneficio de los colectivos que defiende.
La
razón fundamental que ha guiado la creación de esta Plataforma es
constituir una herramienta eficaz que ayude a las personas con
discapacidad, no sólo en su calidad de vida material, reivindicando
y defendiendo sus derechos, sino en su propia condición de
ciudadanas y ciudadanos dignos y libres, miembros de una sociedad
justa y equilibrada que propugna el diálogo social.
Las
condiciones físicas, sensoriales, mentales o intelectuales que
definen la discapacidad dificultan o impiden la participación plena
de estas personas en la sociedad en igualdad de condiciones. Por
ello, las administraciones han regulado distintas políticas de
promoción en igualdad de oportunidades. Ha sido un proceso lento y
lleno de dificultades, que ha conducido a un gran avance en la
integración social de las personas con discapacidad en las últimas
décadas. En cambio, en los últimos años
se ha producido el
efecto contrario: las restricciones económicas se han traducido en
retrocesos en la integración, la protección social y la igualdad de
oportunidades.
Desde
esta Plataforma
estamos decididos a
poner freno a la desigualdad y el abandono. Compartimos plenamente
los motivos de alarma de las personas con discapacidad, sean o no
dependientes, y de sus familias, ante los graves problemas que se
están produciendo por la falta de apoyos en materia de protección
social.
El
reconocimiento de las personas dependientes, de sus familiares y
cuidadores, materializado en la Ley
39/2006 sobre personas en situación de dependencia
se ha visto especialmente
afectado por los recortes, con la reducción de las prestaciones, la
nueva regulación sobre valoraciones y el alargamiento o congelación
de las nuevas solicitudes. A esto se suma el efecto de los nuevos
copagos sanitarios y recortes en ayudas para prótesis, sillas de
ruedas, férulas, andadores, bastones, etc., que en muchos casos
afectan a este mismo colectivo.
El
proceso de capacitación de profesionales y de reconocimiento de las
capacidades adquiridas por los cuidadores en el ámbito familiar, así
como la cotización a la Seguridad Social de estos cuidadores,
creaban un potencial laboral que ha sido cercenado por los recortes
en dependencia del año 2012, abortando una posibilidad real de
progreso y sostenimiento económico para miles de personas, con
especial incidencia en el colectivo de mujeres.
Por
ello, pedimos un compromiso firme de los poderes públicos en la
elaboración y aprobación de las normas necesarias para la defensa
de los derechos de las personas con discapacidad y de sus familias.
Somos un grupo de personas dispuestas a luchar para que con nuestro
trabajo y el apoyo de todos los colectivos podamos conseguir la meta
final de la igualdad de oportunidades.
La
igualdad de oportunidades laborales no es sólo la oportunidad de
integración e independencia económica que aporta el trabajo a las
personas con discapacidad, sino la posibilidad de cada uno de
nosotros de hacer su aportación al progreso de la sociedad. Pedimos
que las administraciones públicas y las empresas privadas cumplan
con las normas y políticas de integración laboral, y que, en nombre
de la austeridad o la reducción de costes, no se reduzcan estas
políticas.
En
materia de accesibilidad, luchamos por la consecución de una
accesibilidad universal en todos los ámbitos de la vida, modificando
las actuales estructuras en pro de la igualdad. La Convención
Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de
2006, la Estrategia Europea de la Discapacidad 2010-2020 o el Pacto
por la Igualdad de Género para el periodo 2011-2020 de la Unión
Europea recogen la protección y el amparo de los derechos de estos
colectivos, cuyo cumplimiento y desarrollo corresponde a los poderes
públicos, para que los fines de autonomía e integración en la
sociedad sean una realidad.
Especial
mención debemos hacer sobre las mujeres con discapacidad, ya que
ellas se encuentran en una posición de doble desigualdad en la
sociedad; por su condición de mujer, por un lado, y de persona con
discapacidad, por otra parte. Las claves para empezar a transformar
la situación actual y permitir la participación social de las
mujeres en un plano de igualdad pasan por adquirir un compromiso real
y efectivo que corrija dichas desigualdades. Perseguimos que las
cuestiones de género se incluyan en el diseño del entorno
construido, en el transporte, en la enseñanza, en el empleo, en el
acceso a la información, la comunicación bienes y servicios.
Por todo ello solicitamos:
Un
compromiso claro y firme de los poderes públicos para seguir
fomentando la igualdad de las personas con discapacidad, realizando
y promoviendo acciones encaminadas a mejorar su situación en todos
los ámbitos.
Que
las administraciones, empresas y las organizaciones en general
promuevan la inserción
laboral de los
discapacitados.
Hacer
partícipes a todos los sectores interesados, especialmente a las
personas y colectivos relacionados con la discapacidad, la
dependencia y la accesibilidad, en la toma de decisiones que afecten
a estas personas, escuchando sus sugerencias y apoyando la
participación de la sociedad.
Garantizar
la autonomía personal de las personas con discapacidad y prestar
apoyo a sus familiares y cuidadores.
El
desbloqueo de la Ley de Dependencia,
que ésta se desarrolle
en todos sus campos, y la atención suficiente a las personas con
grandes dependencias.
Facilitar
la participación de todos los ciudadanos discapacitados en la vida
política, económica, cultural y social.
Analizar
la violencia contra las mujeres discapacitadas, tomando en
consideración la prevención y la atención y recuperación de las
víctimas, con las medidas legislativas necesarias.
Los
recursos públicos básicos son el principal medio para la
integración social y la disminución de las desigualdades entre las
personas discapacitadas asegurando su proceso de inclusión en la
comunidad y un nivel de vida, digno y autónomo. Pedimos por ello
que los recortes no se utilicen para hacer más precarias las
condiciones de vida de discapacitados y dependientes.
Murcia,
27 de abril de 2013
