VALORACIÓN DE LAS PLATAFORMAS EN DEFENSA DE
LA LEY DE DEPENDENCIA RESPECTO AL
INFORME DEL COMISARIO DE DERECHOS HUMANOS SOBRE EL IMPACTO DE LOS RECORTES
“El Consejo de Europa asegura
que la reforma de Mato socava los derechos humanos”.
La
Coordinadora Estatal de Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (COES-LAPAD) acoge con
preocupación, aunque desgraciadamente no con sorpresa, el informe presentado
por el Comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks,
sobre el impacto de la crisis y las medidas de austeridad fiscal en materia de
discapacidad y dependencia en España, realizado el pasado mes de junio.
Todo
un varapalo a las inhumanas y crueles medidas, que desde la llegada del Partido
Popular al Gobierno en diciembre de 2011, se están adoptando y que las
Plataformas en Defensa de la Ley de Dependencia (LAPAD) de toda España venimos
denunciando.
Exigimos del
Gobierno, que haga caso de este informe del Consejo de Europa y que
rectifique, comenzando por la derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de 20 de abril,
de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de
Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones, así como del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio,
de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la
competitividad.
Dicho
informe resulta demoledor para la ministra Ana Mato , cuya reforma sanitaria,
iniciada por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad con la
puesta en marcha del Real Decreto 16/2012, es duramente criticada por socavar
los derechos humanos de las personas con discapacidad y dependencia.
El
Comisario expresa su inquietud por las repercusiones, sumamente desfavorables,
que los recortes presupuestarios han tenido en las condiciones de vida de estas
personas y en su inclusión social.
Hasta
la fecha, no se ha realizado todavía ninguna evaluación de los devastadores
efectos que están produciendo los recortes presupuestarios en las personas con
discapacidad y dependencia.
También
le preocupan los inconvenientes de la aplicación de la Ley, tales como la
estricta clasificación de las personas dependientes en función de sus niveles
de discapacidad diagnosticada.
Por
otro lado se lamenta de que la crisis económica y las restricciones
financieras, hayan socavado la mayoría de las políticas y programas encaminados
a promover la inclusión de las personas con discapacidad en igualdad de
condiciones con los demás, incluidas las medidas orientadas a mejorar la
accesibilidad a los servicios generales, así como al empleo y los programas de
formación.
Expresa
su malestar e inquietud ante medidas como la exclusión del sistema hasta 2015
de los dependientes moderados, que afecta a 280.000 personas, y los excesivos
plazos de tramitación a causa de los procedimientos administrativos tan largos
y onerosos a los que se tiene que someter el solicitante.
El
Comisario también considera, con muy buen criterio, que los copagos del 15% a
nivel estatal y los autonómicos, de hasta el 90%, se traducen en una pérdida
alarmante de autonomía para estas personas y siente, sobre todo, que la
prestación de servicios haya sido concebida con demasiada frecuencia como un
medio para prestar asistencia y no para permitir, que tanto las personas con discapacidad como
dependientes, gocen plenamente de sus derechos
humanos, lo que podría dar lugar a que este colectivo se muestre
sumamente vulnerable a la pobreza en tiempos de austeridad y de limitaciones
presupuestarias.
En
conclusión:
Mientras se piense que la aplicación de la
Ley de la Dependencia es un “gasto inviable” y no una inversión social,
seguiremos abocando a la exclusión social, a la caridad, a la indigencia y a la
beneficencia a las personas dependientes y a sus familias.
Y ya no solo se lo decimos desde España. Ahora también se lo
están diciendo desde Europa.
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